El 24 de agosto, al vencer las facultades delegadas, puede quedar como un antes y un después en los dos años del mandato de Cristina Kirchner: la Cámara de Diputados no las prorrogó. Ello implica que el Ejecutivo ya no puede adoptar decisiones en función de 237 leyes dictadas a través de decretos. En el caso de las retenciones, ya no puede fijarlas, pero el Congreso no tiene cohesión para modificarlas. 

Tanto en la oposición como en la Comisión de Enlace del campo hay divisiones, pese a lo cual esta última ratificó que mantiene su unidad. Leyes importantes como la de reforma del estado o la de emergencia económica, no puede ser utilizadas de ahora en más para dictar decretos en función de ellas. El uso de los superpoderes también se ha tornado inviable. En este marco, el Ejecutivo se apresta a ejercer estas facultades cuando le resulten vitales mediante el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), derivando a la Justicia los enfrentamientos que surgirán con el Congreso. El presupuesto 2011 es la ley más importante para el oficialismo en lo que resta del año y su intención, ante la imposibilidad de lograr su aprobación en el Congreso, es prorrogar el actual mediante un DNU.    

El mismo día, el Ejecutivo presentó su informe sobre la empresa Papel Prensa, vinculando a los diarios Clarín y La Nación con delitos de lesa humanidad. Si bien esta denuncia ha perdido fuerza por las contradicciones de varios testigos con la versión oficial, el oficialismo intenta que sea la Justicia la que detenga a directivos de estos diarios y disponga la intervención a la empresa, con lo cual pasaría a controlar la distribución del suministro de papel a los diarios. La denuncia pasa a ahora al juez federal de La Plata (Corazza), que investiga las violaciones a los derechos humanos en dicha ciudad y alrededores, y eventualmente a otro de los jueces federales (Oyarbide), que tiene abierta una causa por el mismo tema. En cuanto a la ley enviada al Congreso para controlar la empresa Papel Prensa, está más destinada a crear debate político y a dividir la oposición que a ser aprobada. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa la batalla contra el grupo Clarín en todos los frentes: confirma la pérdida de licencia del proveedor de Internet Fibertel del grupo Clarín, pese a que ya hay resoluciones judiciales en contra y que 100.000 usuarios se han movilizado virtualmente en contra de la medida; canceló el servicio de Cablevisión -también del grupo Clarín- en 11 ciudades, lo que afecta a aproximadamente un millón de usuarios, medida también recurrida en la Justicia; al mismo tiempo el rating de televisión, pasado el mundial, muestra que la Televisión Publica tiene solo 2,9; del proyecto oficial de televisión digital solo se han entregado 100.000 conversores de más de un millón anunciados, pudiendo verse sólo dos canales y los sondeos muestran que hay dos personas que no creen en la denuncia de Papel Prensa por cada una que sí cree en ella.  

 

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