Después de los muertos y los heridos, lo que más duele del derrumbe en Villa Urquiza es que pudo evitarse. Hubo tres víctimas fatales y no faltó el vecino que apeló a una frase popular: fue una desgracia con suerte, si las paredes cedían unas horas más tarde la tragedia hubiese sido mayor. Cada noche el gimnasio recibía a unas cincuenta personas.

 Según el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay un único responsable: el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, dueño de la empresa constructora. Lo acusó de impericia y mala praxis. A partir de los primeros informes técnicos parece que ambas cosas son ciertas. Lo que Mauricio Macri no asume es que los controles del Estado fueron demasiado laxos o fallaron. Doce derrumbes en los últimos años, aproximadamente uno cada cuatro meses, revelan hasta que punto el Estado aparece como incapaz a la hora de resguardar la seguridad de los ciudadanos. En especial cuando el sujeto de control es poderoso y tiene dinero.

Heyaca Varela rechazó las acusaciones de Macri y aseguró: “Hice las cosas con el mayor cuidado posible”. A confesión de parte relevo de prueba, “el mayor cuidado posible” no es lo mismo que el cuidado necesario previsto por la legislación. Ya se sabe que hubo fallas en las tareas de submurado y tabicado que son indispensables para asegurar la excavación. En lugar de hacer pozos cada metro y medio o cada dos, como se recomienda, se hicieron cada tres. Tampoco afianzaron la medianera. En definitiva no se respetaron las reglas normales de una excavación. El ingeniero, que ya había sido suspendido en su matrícula en el 2006, ahora recibió una sanción por quince años, y deberá enfrentar cargos por “homicidio culposo”. Pero esto no elimina la responsabilidad del gobierno porteño.

Se controló la demolición pero no la excavación. Es sabido que ésas son las dos etapas más riesgosas de una obra. La UOCRA había denunciado el 17 de junio pasado ante la Dirección General de Relaciones Laborales que existían problemas en las condiciones de los trabajadores y que faltaba “afianzar partes inestables”. El Secretario General del Gobierno porteño, Marcos Peña, aseguró que la Ciudad envió inspectores a la obra de Villa Urquiza en dos oportunidades después de la denuncia pero que nunca encontraron obreros trabajando. También señaló que no pudieron ingresar a la obra. La Agencia de Control Gubernamental dio otra versión: hicieron una inspección cuando estaba terminada la demolición y dicen que la constructora empezó la excavación sin permiso. En una suerte de juego del Gran Bonete, en esta repartición dicen que la denuncia del sindicato llegó a la Dirección de Relaciones Laborales y que nunca se lo comunicaron a ellos. Ricardo Camaño, vocero de la UOCRA, fue contundente: “Ante una denuncia de riesgo inminente, la inspección y la clausura debe ser inmediata hasta tanto se tomen las medidas de seguridad necesarias”.

 

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