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Realidad, humor social y el riesgo de la profecía autocumplida

El domingo 24 de abril del año pasado, en este mismo espacio, expliqué bajo qué condiciones podía ser una muy buena idea sancionar una norma que impusiera una doble indemnización, como mecanismo para frenar una posible ola de despidos.
En una economía que funciona con pleno empleo, el despido es la forma lógica de reasignar factores productivos sacándolos de actividades que no son rentables o que producen bienes que la gente ya no necesita tanto y volcándolos a la fabricación de otros productos que empiezan a resultar más escasos y atractivos para la población. En ese contexto, una ley que penalice al empresario que se desprende de un trabajador lo único que logra es frenar el ritmo del desarrollo económico, atentando contra la creación de nuevo empleo. A nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido prohibir que cierren los parripollos, las canchas de paddle o más recientemente los locutorios, con el solo argumento de que todos esos negocios daban empleo. Peor el remedio que la enfermedad.
Pero en una economía que se está hundiendo en una crisis, lo que podría ser racional desde el punto de vista de un empresario individual, es suicida en el funcionamiento colectivo, porque muchos negocios que están a flote con lo justo deberían cerrar sus puertas si los trabajadores echados por otras industrias dejan de consumir sus productos. Bajo esas condiciones, una ley antidespidos protege al sistema de sufrir una fuerte contracción en la actividad, siempre que contenga una disposición que elimine de manera automática esa penalización cuando la economía empiece a mostrar signos de rehabilitación porque, insisto, en condiciones no recesivas el despido, lejos de obstaculizarse, debe facilitarse para que la producción funcione dinámicamente agregando valor y permitiendo con ello que el sistema pueda crear nuevos empleos.

 


La realidad en el mercado de trabajo
Sin embargo, lo que muestran los datos del ministerio de Trabajo es que el empleo privado registrado que efectivamente cayó durante el primer semestre del año pasado, detuvo su recorrido descendente en el mes de julio, para empezar a crecer durante los cinco meses siguientes. Esto por supuesto no quiere decir que no haya despidos, pero prueba que, en todo caso, desde agosto los empleos que se crean son más que los que se pierden. Lo mismo ocurre con el trabajo en el sector público que cerró diciembre con más ocupación que en el ultimo mes del 2015, sepultando un ajuste que nunca fue.
Concretamente, el total de asalariados registrados tanto en el sector privado como en el público está aún 14.714 puestos por debajo de diciembre del 2015, pero en los últimos seis meses se crearon 112.695 empleos más de los que se destruyeron. Estos datos son consistentes con los reportes de recaudación de la AFIP, que muestran que en los dos primeros meses del 2017 los aportes (patronales y personales) a la seguridad social crecieron un 34,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. También son coincidentes con los datos del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que confecciona el INDEC y que muestra que la economía dejó de caer en el tercer trimestre y comenzó a crecer en noviembre del 2016.
Pero lo que gobierna los actos de las personas no es la realidad, sino la percepción.
No obstante, lo cierto es que todavía esta mejora en la economía y sobre todo el giro positivo en el mercado de trabajo, no se sienten en la carne. El índice de confianza del consumidor (ICC) que releva la Universidad Di Tella se derrumbó en febrero, en parte como respuesta a la incertidumbre que ocasionó el cambio de Ministro y en parte por el desconcierto que generó la deficiente implementación del plan de precios transparentes. Al mismo tiempo, recrudecen las protestas gremiales y los paros, que si bien es verdad que tienen bases político electorales, se nutren de la verosimilitud de sus discursos en el imaginario colectivo.
El problema es que si el Gobierno fracasa en cambiar el humor social, la apocalipsis discursiva que sienta sus bases en el repudio a la consideración de cualquier dato de la realidad, en la alergia a las mediciones concretas, en la orgullosa ignorancia de las estadísticas, corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida.
Si vuelve el temor a la pérdida del empleo y si la gente forma sus expectativas inflacionarias tomando como ciertos los programas panfletarios que ayer decían que había ganado Scioli por amplia diferencia y que hoy publicitan un pan de 50 pesos, o la amenaza de un IVA yéndose al 25%, pues lo natural sería que frenen sus decisiones de consumo, abortando la recuperación de la economía.
En la década del cuarenta del siglo pasado, los psicólogos de Harvard Gordon Allport y Leo Postman desarrollaron la teoría de los rumores, explicando que para que una versión se viralizara debían cumplirse tres condiciones: el trascendido tenía que versar sobre algo de gran interés público, tenía que ser impreciso y por último, tenía que resultar verosímil.
Hay un dispositivo comunicacional de mano de obra subocupada, que hasta ayer vivía de la pauta prebendaria y que hoy le está mojando la oreja al gobierno, en un intento por construir una postverdad que en el mejor de los casos les permita recuperar sus privilegios y como premio consuelo cargue las tintas de las lapiceras que escriben la historia.
La batalla no es en las calles, como el deja vú de los ochenta quiso sugerir esta semana. La guerra se libra en la mente de las personas que como consumidores, o como ciudadanos, toman sus decisiones en base a su percepción, que en muchas ocasiones puede no coincidir con la realidad.


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